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Consideraciones relativas a la Operación «Ritrovo» sobre las solicitudes de vigilancia especial

Un año después de la «Operación Ritrovo», llega una solicitud de 5 años de vigilancia especial con obbligo di dimora [NdT] para 7 compañeros investigados en dicha operación. La audiencia ha sido fijada para el 12 de julio.

Las medidas nos parecen totalmente acordes a lo ocurrido tanto en el pasado reciente (Cagliari y Génova) como en un pasado más lejano. Ante el fracaso o la drástica remodelación del alcance de una investigación, se intenta golpear a las mismas personas con otros medios. La intención es claramente no soltar la presa: debilitar aquellos contextos en los que pensar y organizar tanto la crítica como la oposición a este estado de cosas es una práctica constante, aunque sea haciendo sentir a los compañeros que están constantemente vigilados, con el aliento en el cuello, tratando así de ponerlos bajo presión.

La vigilancia especial y, de manera diferente, las medidas cautelares «menores» como las obligaciones y las prohibiciones de estancia son medidas tan tortuosas como infames. Se aísla a los afectados de una forma aparentemente mucho menos impactante que con medidas más duras como las detenciones. Sin embargo, aunque con distintos medios, el objetivo del Estado sigue siendo el mismo: restringir el campo de los que actúan, eliminar a los que se exponen y dar un toque de atención a cualquiera que pretenda hacerlo. Y puede conseguirlo tanto con la cárcel como con otras medidas, aunque sean más suaves. Cuando los compañeros desaparecen de los contextos en los que estaban luchando hasta el día anterior, precisamente por estas medidas, nos damos cuenta. Y si no nos sorprende que frente a ellos la respuesta solidaria no se exprese con el mismo ímpetu que frente a un arresto, sí nos gustaría destacar que el objetivo que persiguen suele ser el mismo: paralizar los procesos de lucha. Y eso no se lo podemos permitir.

Por lo tanto, nos parece esencial colectivizar el contenido de estas solicitudes y esperar que el debate y la resistencia a estas medidas se amplíen, visto el aumento de solicitudes de vigilancia especial en el territorio italiano de los últimos meses: 4 en Cagliari, 2 en Génova (una de las cuales está actualmente activa), 1 en Turín, 7 en Bolonia (precedidas por otras 2 en la provincia, una rechazada y otra concedida).

En cuanto a la estructura de estas solicitudes, podemos decir que, en consonancia con la investigación de la que proceden, son claramente chapuceras.

En primer lugar, se trata de medidas de vigilancia solicitadas no por una peligrosidad «genérica», sino por una denominada «cualificada», es decir, destinada a personas sospechosas de determinados tipos de delitos, concretamente de delitos de terrorismo (capítulo «d» del apartado del Código Penal relativo a los destinatarios). Sin embargo, el único delito de terrorismo que se desprende de los papeles es el relacionado con la Operación Ritrovo – por la que siguen siendo investigados compañeros y compañeras – que hace un año se saldó con siete encarcelamientos y cinco obligaciones de residencia. Así pues, tautología ya vista: el fiscal lanza primero la acusación de terrorismo – rechazada tanto por el Tribunal de Revisión como por el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por el fiscal – y luego utiliza la propia acusación para demostrar una peligrosidad basada en el terrorismo.

Entrando en el mérito del contenido, las 7 solicitudes son bastante individualizadas. Sin embargo, todas ellas comparten una introducción común que recuerda la óptica preventiva ensalzada por el fiscal Dambruoso al inicio de la Operación Ritrovo y la concepción represivo-pandémica según la cual en el transcurso del último año se habría producido una « infiltración de anarquistas locales en el tejido social para «hacer explotar la rabia» derivada de las estrictas limitaciones impuestas por el Gobierno italiano para la contención de la pandemia de Covid-19 y canalizarla contra las instituciones democráticas libres »*.

Para algunos se cita principalmente ser el propietario del espacio de documentación «Il Tribolo» (dentro del cual se incautaron incluso pancartas y banderas, por lo tanto, se consideran a su disposición personal), o la participación activa en la redacción del boletín anti-carcelario OLGA. Para otros, la participación a nivel nacional o internacional en concentraciones y protestas, especialmente en la lucha contra la represión y en solidaridad con los compañeros encarcelados.

Obviamente, no faltan los pasajes contradictorios. Para algunos, la peligrosidad personal se deduce de la posesión de instrumentos informáticos para la protección de la intimidad. Para otro, los contenidos (transcripción de cartas, folletos, informes de asambleas) extrapolados de comunicaciones transparentes, encontrados en soportes informáticos no cifrados.

En algunas peticiones nos detenemos más en el «currículum» militante, desde las primeras denuncias (informadas superficialmente con inexactitudes y erratas); en otras en los acontecimientos ocurridos en el último año, incluyendo las manifestaciones en solidaridad con los presos tras las revueltas de marzo de 2020 y la participación activa en la Asamblea en solidaridad con los presos, así como la correspondencia con estos últimos, que se perfila para alguno como un papel de «conexión» a nivel nacional con los compañeros dentro y fuera de la cárcel.

Y luego, este pasaje: « La puesta en común de dinámicas de lucha revolucionaria en el contexto anti-carcelario y en solidaridad con los presos insurrectos anárquicos pertenecientes a la FAI/FRI » está ideológicamente ligada a « una planificación subversiva destinada a llevar a cabo una insurrección violenta, explotando y fomentando también las revueltas en las cárceles »*. La adhesión ideológica sería una condición para proceder a las solicitudes de medidas preventivas. Dambruoso lo viene diciendo abiertamente desde el año pasado y hoy sigue batiendo esta senda sin pensarlo dos veces. El fiscal, cuya execrable carrera en la fiscalía de Milán fue construida sobre la represión del llamado terrorismo islámico, intenta ahora seguir los mismos pasos contra los anarquistas. Y esto sería de risa, dada la falta de éxito, si no fuera porque con investigaciones similares por terrorismo, cuyo punto de apoyo es precisamente la adhesión ideológica, él y otros fiscales imponen años de prisión o medidas preventivas a diestro y siniestro.

La contraparte ataca, y lo hace con constancia, manteniendo una especie de «estándar punitivo», como para decir que por debajo de un determinado nivel de represión el Estado no baja, tanto en términos de años impuestos, como de tipología de medidas aplicadas (preventivas y no). Si se baja el nivel del conflicto, la represión avanza, o al menos no retrocede. Precisamente porque, como ellos mismos dicen, el objetivo es «prevenir», evitar la vuelta de los «años calientes».

Y es precisamente aquí desde donde pensamos partir. A su prevención queremos contraponer la nuestra, organizando y relanzando, ante esta enésima maniobra represiva, luchas y discursos que pretende romper.

*citas de las solicitudes de vigilancia especial

NdT.
Obbligo di dimora : Similar al arresto domiciliario pero en un barrio, ciudad o provincia. También se pueden establecer franjas horarias en las que se debe permanecer en el domicilio. Además se debe especificar donde se vive y los lugares que se frecuentan así como avisar con antelación a los maderos sobre cualquier desplazamiento.

A continuación el texto «Chi non muore si Ritrova» de Junio 2020

EL QUE NO MUERE LO ENCUENTRA

Consideraciones relativas a la Operación «Ritrovo»

Hacia las dos de la madrugada del miércoles 13 de mayo, los Ros de Bolonia, Florencia y Fidenza, junto con 200 carabineros, irrumpen en la vida de 12 anarquistas. El GIP Panza, a petición del Fiscal Dambruoso, ordena para siete el arresto y para cinco la obligación de residencia con retorno nocturno (para cuatro de ellos también la firma diaria). Un guión que todos conocemos y que, gracias a las declaraciones de la Fiscalía, que revelan el carácter «preventivo» de las detenciones, hace aún más explícito el mensaje lanzado: que les quede claro a quienes esperan que la crisis abra la posibilidad de sacudir las actuales relaciones sociales que el Estado no cambia. Los cargos son asociación con fines de terrorismo y subversión del orden democrático, los cuales tienen el objetivo de incitar a cometer delitos, realizar algunos daños y un incendio.

270 bis: asociación con finalidad del terrorismo

Aunque en la fase de reexamen, la acusación fue considerada improcedente por el Tribunal de Libertades, nos aventuramos a decir unas palabras al respecto, viendo que las medidas cautelares se basaron en ella, y su corroboración por el GIP Panza.

También en esta operación, denominada «Ritrovo», la luchas se sitúan en el centro de las acusaciones. Concretamente dos: la lucha contra los CPR y el de la prisión – estuviera o no destinada a compañeros y compañeras – . El Estado habla claro: un terrorista es aquel que se solidariza, que lucha, que no se calla la boca, que aprueba abiertamente la acción directa y las formas radicales de oposición a las estrategias de represión y explotación – incluso las ilegales – . No solo eso, algo recurrente que podemos observar en otras operaciones represivas recientes es la utilización del delito de instigación al crimen como argamasa de la hipótesis asociativa: la palabra, en estos tiempos, asusta y el Estado se mueve ahora con modalidades de régimen. Lleva tiempo ocurriendo y se espera que vuelva a ocurrir.

Al menos, dicen las cartas, la «célula» de Bolonia tenía la capacidad de activar acciones pequeñas pero replicables a escala nacional por grupos similares. Grupos con los que la citada «célula» estaba en contacto: una ramificación capaz de «obligar a los poderes públicos a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto».

Nuestra posición al respecto es sencilla: si brindar solidaridad a quienes se rebelan y toman partido contra la injusticia es terrorismo, entonces todos somos terroristas. Aceptamos de buen grado la acusación si en este mundo los terroristas son aquellos que no se callan la boca y deciden atacar. Atacar a esas mismas instituciones que fundan el gobierno del pueblo sobre el miedo. Podríamos hablar de guerras, de bombas en plazas, de muertes en el mar y de porras, pero ¿de qué serviría? ¿Los últimos tres meses no han sido suficientes para hacernos entender cuánto miedo necesita el Estado para gobernarnos? El miedo a los controles, a la arbitrariedad de las fuerzas del orden, al «abuso de poder», el miedo a enfermar y hacer enfermar a la gente, a tener que ir a trabajar y no poder ser atendido adecuadamente ante el desmantelamiento de la sanidad. Un miedo que se vuelve cada vez más aterrador si pensamos en las detenciones de huelguistas y en las catorce muertes en las cárceles.

La gestión de las crisis por parte de Covid-19 ha revelado de forma descarada cuáles son las vidas más prescindibles para el poder en un régimen de producción tecno-digital como son los ancianos y discapacitados en residencias de ancianos o de discapacitados, antes que las personas encarceladas, los cuerpos criminalizados en las prisiones y los CPR.

Una parte cada vez mayor de la población sufre un nivel creciente de violencia y la reacción se califica rápidamente de terrorismo.

Instigación al crimen

Hoy en día, la acusación de instigación al crimen explica una contradicción evidente, la injusticia y la arbitrariedad en las que se basa el poder. Para que se produzca la instigación –dice el fiscal Dambruoso– es necesario un contexto adecuado y receptivo; para que no se persigan las ideas es necesario, como en este caso, que el entorno económico y social sea el adecuado para ‘tomar’ la incitación al acto ilegal. El significado es: lo que ayer no era instigación hoy si lo es, porque los tiempos han cambiado. ¿Qué más se necesita para comprender que el código penal no es más que una herramienta para el mantenimiento de la desigualdad de clases, destinada exclusivamente a la protección de la clase dominante que, según los aires que corran, se arriesga a que le vuelen el sombrero hoy y la cabeza mañana?

Es desde este punto de vista que el «carácter preventivo estratégico» adquiere todo su significado. En un momento como éste, una operación que elimine doce cabezas pensantes, doce corazones libres, es muy útil, porque – como ellos mismos han dicho – la crisis es apremiante y los tiempos que vienen serán oscuros para los que se sientan en el trono. De hecho, las seis medidas cautelares restantes (obligaciones domiciliarias con retorno nocturno) se refieren de hecho al delito de instigación.

Permitidnos un breve paréntesis sobre este carácter «preventivo». La primera solicitud de las medidas cautelares inicialmente rechazada por el GIP [juez para las investigaciones preliminares] se remonta a julio de 2019; la segunda, aceptada, nos habla en cambio del 6 de marzo de 2020, en vísperas de los disturbios en las cárceles. La operación estaba lista para desplegarse desde hace tiempo y el «valor estratégico preventivo» se suma, junto con algunos informes recientes sobre las concentraciones ante la prisión de Dozza, a un botín ya denso.

Agitadores, instigadores, alborotadores, propagandistas, los anarquistas lo han sido desde siempre. Sin embargo, creemos que debemos aclarar una cosa: los anarquistas no le dicen a nadie que haga algo en su nombre. Defienden lo que creen que es correcto, actúan en primera persona, solos o con otras personas, pero nunca se ponen por encima de los demás, dispuestos a moldear su comportamiento y sus acciones. Es una estrategia propia de la política y nosotros no creemos en la política, creemos en la acción directa, en sus múltiples formas, que son exactamente lo contrario de la política.

No se trata de devolver al remitente las acusaciones, ni mucho menos de entender si anarquismo e instigación van de la mano (disertación que dejamos gustosamente a los abogados), más bien nos preguntamos cuáles son las causas de la revuelta. Según algunos, la revuelta está en las palabras instigadoras del agitador, en las insinuaciones del loco, que tendrían la capacidad de socavar este mejor de los mundos posibles. Según ellos, de no ser por el apoyo fuera de los muros de las prisiones y los CPR, no se habrían producido los disturbios en el interior. Como bien sabemos, los disturbios abundan en ciertos lugares, incluso sin la presencia de solidaridad en el exterior que actúe como caja de resonancia. Y es que la toma de conciencia de la miseria en la que se vive, la identificación del enemigo y la necesidad de actuar no están determinadas por los discursos instigadores, sino por la opresión sufrida y las injusticias que se tornan insoportables.

Es un hábito en los CPR desde hace años, lo era en las cárceles en marzo de 2020 y lo es en Estados Unidos estos días, donde a la enésima injusticia, al enésimo asesinato de un negro por parte de policías blancos, parte de la población se levanta. La ira en Estados Unidos lo dice alto y claro: los anarquistas que instigan no son necesarios, el asco a este mundo es de por sí suficiente.

Herejes, socialistas, autónomos, anarquistas, antifa… las categorías con las que los gobiernos siempre han intentado mistificar el fenómeno de la oposición radical, para no afirmar sus profundas raíces, nunca han sido parcas. La verdad, sin embargo, es que la semilla de la revuelta está en un terreno hecho de explotación, control, represión, racismo, injusticia y, cada vez más, de prevaricación gratuita. No es de extrañar que un día decida germinar también aquí, incluso en el más absoluto y ensordecedor silencio de las voces opositoras. Tened la certeza de que ocurrirá.

Lo hemos visto durante los meses de cuarentena. Mientras que en el exterior el gobierno del miedo ha ido domesticando a la población, en el interior de las cárceles ese mismo miedo se ha vuelto ingobernable para quienes siempre han construido su poder sobre él. Ya el 26 de febrero, Roberto Ragazzi, director del Departamento de Medicina Penitenciaria del Ausl de Bolonia, ordenó a sus empleados que no llevaran máscaras en las cárceles para no alarmar a la población reclusa.

El 9 de marzo, acorralados y exasperados, los reclusos decidieron que el miedo que se les había impuesto se había vuelto insoportable, la situación se escapó de las manos de las instituciones penitenciarias y estalló una revuelta en Dozza, siguiendo la estela de otras que habían estallado en cárceles de toda Italia.

¿Quién puede, ante esto, seguir pensando que la revuelta es en realidad producto de una conspiración o de algún manifestante aislado? ¿La primera fuente de intigación son los anarquistas o es el rechazo a una vida basada en el miedo y el terror?

Acciones y sabotajes

Todo parte de aquí, o al menos eso dicen, también porque las escuchas ambientales y telefónicas ya estaban activas desde hace tiempo, al menos desde 2016, a partir de la bomba colocada en el cuartel de Corticella. Todo, sin embargo, comenzaría a partir de una noche de diciembre de 2018, cuando se incendió una antena en las colinas de Bolonia. Los enlaces radiofónicos de Santa Liberata eran utilizados por las emisoras de radio y televisión locales, así como por las fuerzas del orden y por empresas no especificadas dedicadas a la vigilancia por audio y vídeo. Esa noche algunas cadenas de televisión se quedaron sin señal y la Guardia di Finanza sufrió una interrupción momentánea de sus comunicaciones por radio. « Apagar las antenas, despertar las conciencias, en solidaridad con los anarquistas detenidos y vigilados » fué la pintada aparecida cerca. Esta fue una de las muchas acciones que se producen en Italia y Europa para dañar la infraestructura física del mundo inmaterial.

Durante el período de febrero a abril de 2019, al mismo tiempo que las manifestaciones en la calle, pero no sólo, hubo entonces manchado y dañado las ramas de los bancos BPER y BPM, ambos involucrados en la propiedad de la estructura del CPR de Módena en previsión de la apertura, así como contra las cámaras, monumentos nacionalistas y una comisaría de policía. ¿Qué decir cuando a los responsables de la injusticia y la opresión les retorna un poco de la amargura que nos hacen tragar cada día?. No podemos evitar alegrarnos. Algunas acciones, por pequeñas que sean, tienen su propio significado para nosotros. Nuestro criterio de justicia no viene dado por un código que nunca hemos suscrito, sino por la no aleatoriedad de estas acciones y el significado del objetivo que eligen.

Aunque intenten callarnos con denuncias, golpear a los que explotan y reprimen es justo, y esto es un hecho.

Solidaridad

Afrontar la represión significa intentar transformar la mierda en flores.

La magnitud de la solidaridad recibida fue una agradable sorpresa. No solo «militantes y activistas», sino también muchas personas que nadie habría imaginado que se podrían del lado de una «banda de anarquistas». En esto sin duda han tenido un peso nada despreciable las amistades, los conocidos, los encuentros y las personas que marcan el día a día. En definitiva, la vida cotidiana. Con esto no queremos decir que el «arraigo social» sea la receta contra la represión, porque una definición precisa de la misma es bastante difícil, y porque los caminos de los anarquistas y anarquistas no la deben contemplar como una necesidad. Sin embargo, en esta situación específica se trata de un hecho que consideramos que debemos comentar.

Esta solidaridad recibida no es casual, como tampoco lo es el hecho de que tras meses de encierro en casa, miedo y acoso policial, algunos hayan pensado que este nuevo giro represivo, destinado a quienes en los últimos tiempos se han manifestado claramente en contra de la tendencia securitaria, era realmente demasiado. Las viejas relaciones sociales han cambiado a peor para los explotados y deben normalizarse de golpe; quizá haya quien no tenga ganas de bajar la cabeza, aunque sea ante la afirmación del «carácter estratégico preventivo», como si sus amigos y conocidos fueran un virus a erradicar, personas incómodas de las que hay que deshacerse a toda costa.

Sin embargo, para ser sinceros, debemos señalar un hecho del que somos conscientes y sobre el que es necesario reflexionar de cara al futuro: la debilidad de la hipótesis de la acusación fue sin duda un factor importante para movilizar la solidaridad, sobre todo de personas alejadas de las luchas. Sin duda, ha contribuido al nacimiento de la idea de una injusticia del régimen que se estaba produciendo. La situación contingente jugó su papel, lo reconocemos. Pero también sabemos que la solidaridad debe ser revolucionaria, siempre del lado de los que luchan contra el Estado y la patronal y no condicionada por las acusaciones que se hagan. Debemos tener la honestidad de leer los contextos, pero también la coherencia de mantenernos fieles a nuestras convicciones incluso en los momentos más duros, tratando de mostrar una solidaridad fuerte y decidida incluso cuando la represión golpea más fuerte. Precisamente por eso nunca nos hemos permitido hablar de «montajes», ni hemos optado –como era justo– por un discurso inocentón, incluso ante el incremento de la solidaridad, tratando de seguir llevando el discurso radical al mayor número de oídos posible. «Apagar las antenas, despertad las conciencias«, así abría la procesión del 30 de mayo, una declaración de cómo la acción directa, el sabotaje y las prácticas de ataque a las estructuras y servidores de este sistema son justas.

La primera respuesta ante todo esto fue volver a las calles, como antes, más que antes, a pesar del miedo y las prohibiciones, para expresar lo que para nosotros es la solidaridad: las prácticas.

La represión, cuando secuestra a los compañeros de las luchas, tiene como objetivo limitarnos materialmente quitándonos las fuerzas y atemorizándonos. Tenemos que ser conscientes de que nuestros caminos contemplan la posibilidad de que tarde o temprano el Estado llame a nuestras puertas, tenemos que estar preparados para la posibilidad de que la represión llegue y en ese momento mantener la lucidez, para no ser aplastados y -puede ser trivial, pero- responder relanzando las luchas, no declarar la rendición. Justo cuando la solidaridad es atacada -como en este caso- y justo cuando sus redes son cuestionadas, es necesario hacer de la represión una condición y una oportunidad de fortalecimiento y relanzamiento. La dificultad común puede convertirse en una oportunidad y una condición para conocerse, entenderse y organizarse mejor, para fortalecerse mutuamente y hacer de la solidaridad un arma.

El período que estamos viviendo muestra que el Estado ha tomado un camino claro y significativo, hemos comprendido bien que los próximos meses y años serán delicados y tensos.

Más conscientes y más fuertes que antes, nos encontraremos en las calles.

« ¡Y decidme! Qué seríais

sin dios, sin rey, sin amos,

sin tensiones, sin lágrimas?

– ¡El finimondo! »

«Matricolati!», Cronaca sovversiva, 26 de mayo de 1917

Anarquistas de Bolonia.

* Poco antes de terminar el texto nos llega la noticia de la enésima operación represiva contra 7 compañeros y compañeras, 5 en la cárcel y 2 en domiciliarios, por parte de la Fiscalía de Roma [la denominada Operación Bialystock]. Las noticias todavía son un poco fragmentadas pero podemos ver varias similitudes con la de Bolonia. También se encargan los Ros de dirigirlo, con acusaciones de 270bis (para las personas encarceladas) además de numerosos casos específicos como atentado con finalidad de terrorismo, incendio e instigación al crimen, diversos episodios referentes a acciones en solidaridad con presos y presas. Lo hemos dicho, el Estado muestra sus músculos en un momento histórico que se augura lleno de posibles tensiones. La solidaridad es fundamental y la reafirmamos sin peros a nuestros compañeros y compañeras afectados en Roma